Veamos. Una manifestación por muy multitudinaria e incluso violenta que sea, no puede impedir que un gobierno legítimamente apoyado por una mayoría parlamentaria, legisle y pueda gobernar. Sería el caos.
Sin embargo, si ese Gobierno traiciona a la Constitución que juró o prometió defenderla, si promulga una ley de amnistía que abriría la puerta a la abolición de la Constitución, a la desaparición de la Monarquía, al desmoronamiento de España, a un más que previsible y cruento conflicto civil; cualquier juez debería estar más que legitimado para, con la Constitución en la mano y una pareja de la Guardia Civil, procediera a la detención del traidor o traidores.
Por cada juez o catedrático de derecho constitucional que interprete la Constitución de una forma, se puede encontrar otro juez o «experto» cuya interpretación sea la contraria.
Disolución de las Cortes e inmediata convocatoria de elecciones generales, donde también los partidos abiertamente separatistas también puedan participar, siempre y cuando juren o prometan su estricto acatamiento mientras esté vigente. Quieren independizarse. Se modifica la Constitución en los términos establecidos.
¿Quién se opondría? ¿Los separatistas catalanes? No hay más que ver su comportamiento cobarde en 1934 en comparación con los mineros asturianos en el mismo año. ¿Los gudaris vascos? ¿Los que se rindieron en Santoña a un tan “aguerrido” ejército italiano?
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Así se juraba la Constitución antes de que las Cortes se convirtieran en el Ejército de Pancho Villa o Torre de Babel.